Liberar las energías sociales latentes en la base del sistema educativo

Aprender a vivir, aprender a aprender. Número 95

En un país con la magnitud y diversidad que caracterizan a México, es necesario plantear la transformación de algunos de los rasgos del sistema educativo que, hasta ahora, se han considerado inmutables. 

Nuestro país ha alcanzado grandes logros en materia educativa que, en buena medida, pueden explicarse gracias a la concentración de facultades en instancias federales. También es cierto que la vía normativa para establecer la obligatoriedad de transformaciones relevantes, iniciadas desde esas instancias, ha permitido avances notables en la cobertura y, en algunos casos, en determinados aspectos relacionados con la calidad de la educación que brindan las instituciones educativas.

Sin embargo, el reconocimiento de esos logros no es razón suficiente para sustentar, como un principio incuestionable, que el papel del Estado, y en particular del Poder Ejecutivo, debiera concebirse como incuestionable. Esto, sin menoscabar que la contribución de las instancias gubernamentales, y en particular las autoridades centrales y locales, como factor principal del desarrollo educativo en las circunstancias actuales del país, resulta necesario ser revalorada.

Por la diversidad social, cultural y económica que caracteriza a nuestro país, las responsabilidades ejercidas desde las instancias gubernamentales requieren, cada día con mayor urgencia, esfuerzos de armonización y complementación con las responsabilidades que deben asumir otros actores sociales sobre la orientación y el desarrollo de la educación. En tal sentido, debe reconocerse la necesidad de abrir nuevos espacios y crear nuevos vínculos entre los actores sociales llamados a desempeñar responsabilidades principales en el presente y el futuro de la educación. 

Las reformas educativas, que con frecuencia se plantean como esfuerzos de innovación, han mantenido, de forma reiterada, rasgos de autoritarismo y verticalidad. Este hecho ha sido señalado con relativa frecuencia en los últimos años. Sin embargo, las reformas educativas siguen siendo originadas a partir de acuerdos en la cúpula del poder político, y siguen siendo puestas en práctica a partir de su convalidación en marcos normativos que les dan un carácter de obligatoriedad. Su ritmo ha estado marcado por las decisiones adoptadas por las administraciones federales en turno, a tal grado que, en muchos casos, se han visto como contingentes a la trascendencia de su legado histórico.

Desde el punto de vista práctico, la implementación de las reformas ha mantenido el sentido y la estructura de un proceso de homogenización de ideas, transmisión de prescripciones y estandarización de prácticas, desde la cúpula hasta la base de un sistema educativo, formalizado y generalizado para todo el país, a través de las instituciones escolares. El sostenimiento y la acentuación de tales esquemas actúan, con frecuencia, como un impedimento mayor para liberar las fuerzas sociales existentes en la base social del sistema educativo.

Quizá ha llegado el momento de impulsar la propuesta visiones inspiradoras, de lo que debería ser la educación del futuro, complementando los esfuerzos gubernamentales con el reconocimiento y el impulso a la responsabilidad y la iniciativa de otros actores sociales.

En primera instancia, es inaplazable reconocer el papel fundamental de la familia en el desarrollo educativo de sus miembros. En especial, es necesario reconocer la responsabilidad inalienable de las madres y los padres en la educación de sus hijos. El cumplimiento de esa responsabilidad es determinante para lo que pueda alcanzarse como resultado de cualquier esfuerzo educativo que pueda realizarse desde los sistemas formales. Desde la gestación, y durante los primeros cinco años de vida, las experiencias formativas que debieran lograrse en el seno familiar solo pueden suplirse, o complementarse, con intervenciones de naturaleza especializada que rebasan las limitaciones convencionales del quehacer educativo que se lleva a cabo en las escuelas. No se trata de que las familias colaboren con las instituciones educativas. Se trata de reconocer que las familias tienen una responsabilidad educativa propia, que es intransferible y que, en todo caso, cualquier otra institución puede apoyar y, hasta de ser necesario, suplir, pero no desconocer o suplantar de manera sistemática.

Las limitaciones propias de la escolarización formal se han hecho más evidentes en la medida en que las escuelas enfrentan presiones crecientes para llevar a cabo tareas educativas que, hace poco tiempo, podían llevarse a cabo en el ambiente familiar. Sin duda, dados algunos de los esquemas de interacción social que predominan en algunos sectores de nuestra población, las instituciones educativas deberán, tal vez, ampliar su propósito y cobertura. Sin embargo, eso no eliminará, al menos en un horizonte temporal previsible, la responsabilidad fundamental de la familia en la educación de sus miembros.

Sin duda, los educadores profesionales desempeñan una responsabilidad fundamental en el desarrollo de la educación. Más allá de las iniciativas institucionales, emanadas de las autoridades gubernamentales, o de cualquier otra fuente involucrada en el desarrollo de la educación, son las interacciones impulsadas y sostenidas por quienes empeñan su vida en la tarea de educar, las que determinan el sentido, el contenido y los resultados de la educación.

En un mundo en el que la transferencia de conocimientos demanda, de manera creciente, la búsqueda de sentido para su interpretación, el ejercicio del juicio para su valoración y el desarrollo de la colaboración para su aplicación pertinente, el trabajo de los educadores, como responsables de promover un aprendizaje con sentido, propósito y valor humano, es indispensable.

Más allá de determinados propósitos, que ojalá pudieran ser muy pocos y de la mayor relevancia, que pudieran reflejar los consensos más amplios de la sociedad sobre lo que vale la pena aprender, los educadores profesionales debieran contar con la mejor preparación, la mayor libertad y las mejores condiciones de colaboración y desarrollo profesional para promover el aprendizaje de sus estudiantes. Todo ello de conformidad con las capacidades, las necesidades y los intereses de cada uno de ellos, y de conformidad con las circunstancias del entorno.

Más allá de las responsabilidades que puedan, o deban ser ejercidas por las autoridades, las familias, los educadores profesiones, y otros actores sociales, la educación es, en última instancia una responsabilidad individual de cada persona. A fin de cuentas, el logro supremo de cualquier persona radica en quien se eduque llegue a hacerse responsable de su propio aprendizaje, de sus propias decisiones y de su propia vida. Una persona educada es, en último análisis, aquella que es capaz de asumir una interpretación de su propio destino y es, en consecuencia, capaz de respetar y valorar, de manera auténtica, las percepciones y creencias de los demás, para construir significados, propósitos y esfuerzos compartidos con ellos.   

Las energías sociales latentes en las familias, en la vocación y dedicación de los educadores profesionales y en la capacidad y agencia de cada educando, unidas a las de otros actores sociales que pueden identificarse como base social de los sistemas educativos, son una fuente extraordinaria de transformación de la educación que puede aportar dimensiones diferentes a los esfuerzos de reforma concebidos como iniciativas gubernamentales, y complementarlos o suplirlos de manera progresiva por procesos permanentes de innovación.

Algunas de las estrategias de naturaleza específica que pudieran contribuir a desencadenar esas energías sociales, se podrían orientar hacia propósitos como los siguientes:

  • Fortalecer y enriquecer la unidad en las finalidades más relevantes de la educación y, al mismo tiempo, la diversidad en los medios para avanzar hacia esas finalidades.
  • Integrar sistemas educativos autónomos de alcance diverso, que respondan a la magnitud y complejidad del país.
  • Transformar la cultura escolar, mediante formas alternativas de propiciar y organizar las experiencias de aprendizaje.
  • Impulsar la educación familiar, en componentes tales como la paternidad responsable, la atención prenatal, la educación inicial (0-6 años), la formación para el ejercicio responsable de la libertad, la prevención y atención de conflictos de desarrollo individual y social, y la colaboración entre instituciones educativas.
  • Atender al aprendizaje de los principios básicos de la neurociencia y el aprendizaje humano como uno de los de mayor relevancia que debieran atenderse a través de la educación formal. En el mismo sentido, atender al desarrollo de la responsabilidad ética, asumida de manera personal y compartida de manera colectiva, como uno de los propósitos fundamentales de la educación formal.
  • Generar alternativas para la formación inicial de educadores y para desarrollar la educación formal e informal.
  • Aplicar el progreso científico y tecnológico, así como los recursos propios de la economía de la información, a la transformación de la educación. Con especial énfasis en el aprendizaje de los lenguajes diseñados para facilitar la comunicación entre los seres humanos y las máquinas.
  • Impulsar la adquisición de aprendizajes para actuar en escenarios de incertidumbre y diseñar el futuro.
  • Crear y fortalecer capacidades institucionales de investigación e innovación para generar y conducir cambios educativos relevantes desde el ámbito local de las escuelas, las zonas, las comunidades, los municipios, las regiones y los estados.

Se han adelantado propuestas de autonomía de las escuelas, y se trata sin duda de un hecho alentador. Sin embargo, la diversidad de situaciones del país sugiere que, en distintas instituciones, zonas, regiones, y en algunos estados, sería aconsejable trazar vías para avanzar hacia el establecimiento de formas alternativas de gestión del desarrollo educativo. Podrían irse construyendo, de manera progresiva y cuidadosa, expresiones concretas de la autonomía, que atendiendo a contextos diversos, pudieran estimular y fortalecer la responsabilidad local de decidir lo que debería aprenderse, la mejor manera de lograr ese aprendizaje, así como de evaluar lo aprendido.

En distintas escuelas, zonas y regiones, existen condiciones favorables para avanzar hacia formas de autonomía que estimulen el logro de aprendizajes de una alta relevancia. Algunas tal vez ya podrían ser autónomas, otras pudieran avanzar con mayor lentitud hacia a formas más autónomas de funcionamiento.