Razones para la esperanza, más allá de las reformas

Aprender a vivir, aprender a aprender. Número 96

La historia humana ha estado marcada por avances y retrocesos, logros y fracasos, certezas e incertidumbres. En la diversidad de escenarios y circunstancias que la han marcado, es posible advertir progresos innegables, que generaciones sucesivas han pretendido ampliar y consolidar. Al mismo tiempo puede constatarse la reiteración de malestares, insatisfacciones, insuficiencias y derrotas. En nuestro país, como en otras latitudes, enfrentamos, hoy en día tiempos difíciles, llenos de incertidumbres y riesgos. Y, al mismo tiempo, seguimos aspirando a una vida mejor.

En nuestros días, el interés de la opinión pública pareciera volver a centrarse, sobre todo, en las amenazas de un contexto internacional poco favorable a la cooperación, la concordia y el beneficio común. Al interior de los países, ese contexto suele expresarse, de manera acentuada, en una profundización de los conflictos generados, entre los intereses, las ideas y los comportamientos de distintos sectores de la sociedad, que se asumen como irreconciliables. 

En contraste, a la vez que se agudizan los términos del conflicto de intereses, resulta cada día más claro el fortalecimiento de la cohesión social, tanto entre países, como al interior de cada país, y esta solo podrá consolidarse en la medida en que puedan irse estableciendo propósitos comunes en los diversos ámbitos de la sociedad.

En el caso de México, y ante la coyuntura de los procesos electorales de este año, la agenda de los actores políticos, respondiendo a un clima generalizado de frustración y enojo, ha puesto de relieve la necesidad de combatir la corrupción, la violencia, la impunidad, la delincuencia y la desigualdad.

En ese contexto, la educación se ha destacado por su importancia, o sus posibles carencias, entre las reformas constitucionales impulsadas durante el presente sexenio. De distintas formas, aunque sin mayores detalles, al igual que en infinidad de ocasiones se ha reiterado el reconocimiento de la educación como solución para los males que nos aquejan, y como motor para impulsar logros mayores, en particular los que pudieran apreciarse en relación con el desarrollo de nuestra economía, asociados sobre todo con el incremento de la productividad, el empleo y el ingreso de las familias.

Con independencia de los resultados electorales puede anticiparse que resurgirá el impulso a nuevos cambios, en el ámbito de la educación. Lo más probable es que, desde la cúspide del poder político, con una concepción del sistema educativo que, en el fondo, permanecerá inalterada, vuelvan a proponerse modificaciones normativas que expresen, tal vez, en una nueva reforma de la educación, o en modificaciones notables a la más reciente. Es muy probable, también que, desde el Poder Ejecutivo, se vuelvan a emprender acciones para corregir los desaciertos, superar las limitaciones y asegurar los logros que, “ahora sí” garanticen que la educación se transforme en motor de desarrollo nacional.

Lo que quizá tenga que variar, de manera sustantiva, porque la diversidad y complejidad del país hará inevitable que se modifique, es el ciclo, que se ha vuelto un ritual para pasar por una cadena de determinaciones inflexibles sobre lo que vale la pena aprender, sobre la manera de aprenderlo, y sobre la forma adecuada de valorar los logros del aprendizaje, tanto en los distintos niveles de la educación que se consideran como obligatorios, como en la formación de los profesionales de la educación.

Cada día es menos realista y viable que, a partir de determinadas estructuras normativas, las burocracias centrales y locales, tanto gubernamentales como gremiales, pretendan la determinación puntual del comportamiento pedagógico y los logros de aprendizaje, pasando por planes y programas de estudio, detallados e inflexibles, textos uniformes que parecieran proponer una concepción dogmática del conocimiento, y prescripciones homogéneas y obligatorias, que parecieran reducir el papel  de los maestros y los estudiantes al de meros ejecutores de mandatos emanados de “instancias normativas”.

Quizá la mayoría podamos estar de acuerdo en que es necesario fortalecer al país. Sin embargo, con el paso del tiempo, la diversidad y complejidad de nuestra realidad social, cultural y económica, demandará que pensemos, con la mayor seriedad y detenimiento, si es que solo podemos, o debemos hacerlo desde el poder central. Cada día se hará más necesario establecer qué sí, y qué no es lo que nos hace más fuertes como país, impulsándolo desde instancias centralizadas, regionales o locales.

A medida que pase el tiempo, se hará cada vez más necesario intentar nuevos enfoques, o al menos enfoques complementarios, que permitan originar y nutrir los cambios trascendentes desde las localidades y las regiones, desde el corazón y la mente de la gente.

Quizá debamos pensar si ha llegado el tiempo de aceptarnos como un país complejo y diverso, que puede fortalecerse, de una mejor manera, pensándose no solo desde los centros de poder, sino desde la diversidad, desde lo local, y desde la libertad, la responsabilidad y la capacidad de cada persona.

Quizá ha llegado el tiempo de pensarnos más como un país que puede emprender y sostener esfuerzos para movilizar energías sociales latentes, recurriendo a recursos que, quizá no pueden estructurarse desde la homogeneidad y centralismo. Quizá debamos explorar, con claridad y determinación, la posibilidad de reemplazar, o al menos complementar, los esfuerzos reiterados de reforma, emprendidos y sostenidos con argumentos y actos de autoridad, por la conformación progresiva de vías para avanzar hacia la revitalización y renovación permanente de la sociedad, y en particular de la educación.

Las sucesivas reformas educativas que se han emprendido en México nos muestran que siempre puede aspirarse a propósitos que, al menos para algunos, pueden considerarse como deseables. No siempre esa deseabilidad es compartida, tampoco puede asegurarse que, en todos los casos, los propósitos de las reformas puedan alcanzarse, hecho que pudiera ser valorado de diferente forma por distintas personas.

Con independencia de los propósitos y resultados de cada reforma, cada una puede asumirse como una oportunidad para repensar los aspectos fundamentales de la educación. Desde luego, esa oportunidad puede desprenderse del contenido mismo de la reforma y de los avances alcanzados en los propósitos que la han orientado. Sin embargo, también puede advertirse en las limitaciones e insuficiencias de la propia reforma.

No hay reforma perfecta ni definitiva. Ello, lejos de desalentarnos, quizá debiera ser una oportunidad para repensar los cambios que pretendemos, y, en particular, los supuestos en los que se sustentan esas pretensiones. La transitoriedad de las reformas es un incentivo para mantener y acrecentar el continuo esfuerzo por adaptar, de manera permanente, los cambios procurados a realidades en constante mutación que siempre nos estarán desafiando. Sobre todo, es un aliciente para prestar una atención especial a los aspectos vinculados con la aplicación de las reformas que tienen que ver con el compromiso y el involucramiento de los implicados en la generación directa de los aprendizajes más relevantes, en particular los estudiantes y sus familias, los educadores profesionales y las instituciones sociales con capacidades concretas para involucrarse en el quehacer educativo desde el ámbito local.

Las limitaciones y los fracasos, a veces inevitables, de las reformas, son en realidad razones para la esperanza, porque nos permiten darnos cuenta de que podemos hacer mejor las cosas. Nos permiten aprender. Todas las reformas educativas son, en sí mismas, oportunidades de aprendizaje por sus aciertos, y también por sus desaciertos; por sus alcances, y sobre todo por sus limitaciones. Son razones para ir configurando esfuerzos permanentes de renovación. Son razones para buscar, con el entusiasmo y la ilusión de quienes han encontrado, y para seguir buscando, con la templanza y la humildad de quienes aún tienen mucho que encontrar.